Estados demandan a Trump por norma sobre green cards
Nueva York, junto con otros 21 estados y el Distrito de Columbia, interpuso una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear una nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ampliaría la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración para negar tarjetas de residencia permanente (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos. La norma, programada para entrar en vigor el viernes 19 de septiembre de 2026, se basa en la evaluación de si los solicitantes podrían depender de asistencia pública.cnnespanol.cnn
La modificación de la llamada norma de “carga pública” complicaría el proceso para muchos inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente si utilizan o se considera que podrían necesitar beneficios públicos como cupones de alimentos (SNAP), Medicaid o vales de vivienda. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien encabeza una coalición de ciudades que también presenta una demanda similar, dieron a conocer la acción legal en una conferencia de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Nueva York.cnnespanol.cnn
Qué cambia con la nueva norma de “carga pública”
La demanda se centra en los cambios propuestos a la norma de “carga pública”, un aspecto de la legislación migratoria de EE. UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a quienes se considere que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental. Históricamente, los funcionarios de inmigración solo tomaban en cuenta beneficios en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), en sus evaluaciones.cnnespanol.cnn
Sin embargo, la nueva regulación de la administración Trump no define claramente qué programas de red de seguridad se deben considerar, lo que podría incluir beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda. James afirmó en un comunicado: “Las familias trabajadoras no deberían verse forzadas a renunciar al apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación. Esta norma se aprovecha de ese miedo, esperando que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura médica y otros beneficios a los que tienen derecho legalmente”.cnnespanol.cnn
La norma se dirige a personas que ya tienen un estatus legal en EE. UU., ya que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos. Esta expansión de la norma de “carga pública” forma parte de los últimos esfuerzos de la administración para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad a los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían calificar.cnnespanol.cnn
Impacto en familias y ciudades
Se anticipa que el cambio tendrá un impacto desproporcionado en ciudades con grandes poblaciones inmigrantes, como Nueva York, que depende considerablemente de los fondos federales. Entre los demandantes se encuentran la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Seattle, el condado de Santa Clara en California y el condado de King en Washington. Mamdani destacó que el “clima de miedo para inmigrantes” creado por la administración Trump ya está desalentando a las personas a inscribirse en programas de beneficios esenciales y otras ayudas para las que califican, incluso si no están sujetas a la nueva norma.cnnespanol.cnn
La demanda presentada por James en representación de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional excedió su autoridad, ya que el Congreso aprobó una interpretación amplia de lo que sería una “carga pública”. Además, el estado y otros demandantes argumentarán que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, que el DHS ignoró las consecuencias negativas del cambio y no presentó justificaciones adecuadas.cnnespanol.cnn
Las acciones legales de los estados y gobiernos locales fueron presentadas el lunes por la mañana en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas buscan que el tribunal declare ilegal la norma e impida su implementación por parte del DHS. Hasta el lunes por la tarde, ninguna de las demandas había sido asignada a un juez ni tenía una audiencia programada.cnnespanol.cnn
Antecedentes y contexto político
La disposición sobre la carga pública tiene sus raíces en la Ley de Inmigración de 1882. En aquel tiempo, los legisladores federales buscaban asegurarse de que los inmigrantes fueran autosuficientes y no se convirtieran en una carga para el erario público. Durante décadas, los funcionarios de inmigración solo contaban los beneficios en efectivo. En 2019, la administración Trump amplió las categorías de programas de beneficios que podían considerarse, incluyendo Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda. Sin embargo, en 2022, la administración Biden implementó una norma que excluía nuevamente los beneficios no monetarios de dicha evaluación, volviendo a adoptar en gran medida la práctica histórica.cnnespanol.cnn
La nueva norma que entrará en vigor esta semana revocará la regla establecida por la administración Biden. Es más amplia que la de 2019, ya que no especifica qué redes de seguridad social deben considerarse, limitándose a indicar que el Departamento de Seguridad Nacional “evaluará la aceptación de beneficios sujeto a pruebas de recursos económicos”. Asimismo, la nueva norma permitirá a los oficiales de inmigración tener en cuenta los beneficios gubernamentales solicitados en nombre de dependientes, incluidos aquellos que son ciudadanos estadounidenses, según declaró Carrie Gesch, directora de política y defensa de la Coalición para la Reunificación de Familias Inmigrantes.cnnespanol.cnn
Fuente: CNN en Español, con información de la fiscalía de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, el Departamento de Seguridad Nacional y documentos judiciales de la demanda presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.cnnespanol.cnn
