De Hutchison al Estado: toma de control tras un fallo histórico
El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucionales las leyes que sustentaban la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en las entradas del Canal. Con la publicación del fallo en la Gaceta Oficial a finales de febrero, la decisión quedó en firme y el Ejecutivo quedó habilitado para actuar.
Pocos días después, el gobierno panameño emitió un decreto de ocupación y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión de las terminales, con el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones portuarias en un punto neurálgico para el comercio global: el Canal maneja cerca del 5% del comercio mundial y alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. Las autoridades insisten en que se trata de una medida “legal y legítima” que no implica expropiación de equipos, sino el uso de las instalaciones mientras se define su valor y se convoca a una nueva licitación.
“Ambos puertos están funcionando con normalidad”
En declaraciones difundidas por agencias internacionales y reproducidas por Yahoo, el ministro panameño de Asuntos del Canal afirmó que “ambos puertos están funcionando con normalidad” desde la semana posterior a la ocupación. Según el funcionario, se logró habilitar las operaciones en las dos terminales sin interrupciones significativas para navieras, exportadores e importadores.
El gobierno subraya que la transición se ha hecho de manera ordenada y que más de 7.000 trabajadores mantienen sus puestos, mientras los proveedores continúan prestando servicios. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos”, un mensaje clave para contener la inquietud laboral tras casi tres décadas de gestión privada de PPC.
Nuevos operadores temporales: Maersk y MSC entran en escena
Como parte del plan de transición, Panamá anunció que dos de las mayores navieras del mundo asumirán temporalmente la operación de las terminales. Para el Puerto de Balboa, en el Pacífico, la encargada será APM Terminals, subsidiaria del grupo danés A.P. Moller-Maersk; para Cristóbal, en el Atlántico, la operación recaerá en TIL Panamá, rama de Mediterranean Shipping Company (MSC).
El presidente José Raúl Mulino presentó este esquema como una señal de confianza internacional en Panamá y como una oportunidad para “recuperar el estatus y la imagen” del país en la ruta marítima global. El gobierno habla de una “tercera etapa” abierta y competitiva, en la que se convocarán nuevas concesiones mediante licitaciones internacionales, una vez culminado el periodo de ocupación y transición.
Disputa con Hutchison y telón de fondo geopolítico
CK Hutchison ha rechazado la decisión panameña y ha advertido que recurrirá a arbitrajes internacionales para reclamar indemnizaciones por la terminación anticipada de la concesión, aunque aún no ha revelado montos. La empresa también ha amenazado con demandar a APM Terminals y otros socios que entren a operar las terminales, alegando posibles violaciones contractuales.
La controversia se produce en un contexto de tensión geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras estratégicas. Washington había expresado en el pasado su preocupación por la presencia de un conglomerado chino en ambos extremos del Canal, mientras Pekín veía a Panamá como un punto clave en su expansión portuaria global. La anulación de la concesión y la llegada de operadores ligados a compañías occidentales reconfiguran ese tablero.
Fuente: Cable de AFP reproducido por Yahoo Finanzas sobre las declaraciones del gobierno panameño respecto a la operación normal de los puertos del Canal tras la toma de control, junto con reportes de AP, EFE y otros medios sobre el fallo de la Corte Suprema y la transición desde CK Hutchison a nuevos operadores.
